domingo, 5 de diciembre de 2010

Así, cualquiera

Como quiera que hace unos días el Gobierno de España aprobó la entrada de capital privado en la gestión de los aeropuertos de Barajas y El Prat, ha sido inevitable que en el resto de España se hagan cábalas sobre el futuro que aguarda a los aeródromos locales. En Málaga, se extiende el rumor de que puede ser el Pablo Ruiz Picasso el próximo en incorporarse al proceso de privatización.

Por tanto, es inevitable que la prensa interese de los responsables públicos la opinión sobre asunto de tanta actualidad y repercusión. Hoy he visto publicada una pieza informativa en la que aparece la mía: tras confesar que carezco de elementos de información suficientes para emitir un juicio contundente, me muestro partidario de que se mantenga el carácter público de nuestro aeropuerto internacional. No parece lógico que tras inaugurarse hace unos meses la nueva terminal, que posibilitará un tránsito de treinta millones de pasajeros anuales por él, y con la expectativa de la entrada en funcionamiento de la segunda pista ahora en construcción, el efecto inmediato sea que el capital privado obtiene beneficios a costa de la inversión pública.

En la misma pieza a la que hacía referencia, un analista económico, que debe ser de los más inteligentes porque tiene un cargo de mucha relevancia entre los de su ramo en Andalucía, afirma que la iniciativa privada gestiona con más eficiencia que la administración pública. Primer desacuerdo: esa afirmación es más un tópico que una realidad. La gestión privada de un bien procura obtener beneficios económicos, pero ese no sólo no debe ser el único sino que no puede ser, en la mayor parte de los casos, el más importante objetivo para una empresa pública. Así que no se comparen peras con manzanas para llegar a la conclusión que interesa. Además, si se hiciera de público conocimiento el número de empresas privadas que cierran cada día por causa de la mala gestión de sus directivos, el tópico se desmoronaría.

Prosigue el portavoz de los analistas andaluces aventurando que probablemente sólo suceda en el caso de Málaga que el capital privado esté dispuesto a incorporarse a la gestión del aeropuerto y que tal circunstancia, previsiblemente, no se producirá en los del resto de Andalucía. Segundo desacuerdo: ¿Dónde están entonces los criterios de eficiencia? Para ser consecuente con su anterior pronunciamiento con relación a los beneficios de la gestión privada sobre la pública, el avezado economista podría haber manifestado que privatizando los aeropuertos de Sevilla, Granada, Jerez de la Frontera, Córdoba y Almería se vería de inmediato que empezaban a ser rentables como consecuencia de la eficiente gestión de sus nuevos propietarios.

Pero me temo que no van por ahí los intereses de quienes defienden la entrada de capital privado en la gestión de los aeropuertos. A la vista de algunas otras declaraciones en consonancia con la antes analizada, se pretende establecer el criterio de eficiencia en la gestión privada para los aeropuertos con instalaciones modernas y con un número elevado de usuarios y dejar el resto en las “inexpertas manos públicas”. Así, cualquiera. Si terminan imponiéndose los criterios exclusivamente economicistas y se privatizan sólo los aeropuertos potencialmente rentables, sería deseable que la administración pública siga garantizando que los habitantes de ciudades con aeropuertos poco o nada rentables puedan conectarse por ruta aérea con otras ciudades. El Estado, entonces, no habrá hecho dejación de la obligación de favorecer la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de su territorio y hasta puede que, al contar con los ingresos derivados de la participación de la iniciativa privada en una empresa hasta ahora de capital público, el gobierno dé marcha atrás en la decisión de no prorrogar el subsidio de 426 € mensuales para quienes han agotado las prestaciones por desempleo contributivo.