Muerto el perro, ¿se acabó la rabia?

Dan cuenta hoy todos los medios de comunicación de la reforma del sistema financiero que, previsiblemente, será acordada en la sesión de mañana del Consejo de Ministros. Ignoro los términos y el alcance real de la reforma que se va a aplicar una vez aprobada, porque las informaciones que hoy me llegan hablan tan sólo, y refuerzan la noticia con la voz del Presidente del Gobierno, de la limitación que la nueva norma impondrá a la participación de los políticos en los órganos de dirección de las cajas de ahorros.

Parece como si, en razón del momento, desde la presidencia del Gobierno se diera respuesta a la escasa valoración que a la sociedad le merecen los políticos, según una encuesta del CIS que ayer mismo se daba a conocer. Reconozco que esperaba que el político que más ha defendido el valor de la política en los últimos tiempos, José Luís Rodríguez Zapatero, tuviera más elaboradas propuestas para recuperar la consideración de la política y de quienes a ella se entregan. Tal vez una buena manera de evitar excesos sería descubrir y perseguir con rigor a los políticos que teniendo responsabilidad en órganos de dirección de cajas de ahorros horadan con su comportamiento la confianza de los ciudadanos. O legislar para evitar que responsables de entidades bancarias, que no son cargos políticos electos, se autoconcedan jubilaciones que son un insulto para el común de la población. Reconozco que es mucho más fácil suprimir que controlar. ¿Pero es más justo?

Me hago y os planteo la interrogante con relación a la justicia de la medida que mañana se propone al Consejo de Ministros porque es fácil que quienes están interesados en desacreditar a la política y a los políticos encuentren en ella un fácil argumento para acusar a ambos de los problemas que en estos momentos acucian a algunas de las cajas de ahorros. Aunque también tiene respuesta fácil para la defensa de la política quien asumirla quiera: los responsables de la intervención por el Banco de España de la cordobesa Cajasur no han sido los políticos, sino los curas de su consejo de administración. No sé si la norma que mañana aprobará el Consejo de Ministros limita la participación de sacerdotes en los órganos de dirección de las cajas de ahorros. Si lo hiciera, evitará desagradables y perniciosos agravios comparativos a partir de mañana mismo.

Tal vez hoy no ha sucedido porque se guarda Rodríguez Zapatero ampliar información sobre la reforma una vez sea aprobada por el Consejo de Ministros. Para entonces sí que espero escucharle que la nueva reglamentación obligará a las cajas a ser más sensibles y tener una mayor capacidad de respuesta con las necesidades que a todos los niveles se aprecien en sus territorios de actuación y en quienes depositan en ellas sus ahorros. Que la norma contendrá férreos procedimientos para el control de la eficiencia de quienes a partir de ahora tengan la responsabilidad de dirigirlas. Que se acaban con los consejos de dirección a miles de kilómetros del territorio en el que las cajas operan. Que se establecen mecanismos de vigilancia para impedir los gastos suntuarios, las dietas discrecionales y los sueldos estratosféricos. Que se introduce la obligación de cumplir el porcentaje anual de aplicación a la obra social...


En fin, que no entiendo que de la práctica política al más alto nivel se asuman planteamientos que vienen a decir, y quien quiera lo explique de otra manera, que los políticos somos incapaces de imponer criterios de racionalidad, eficiencia y austeridad en el ejercicio de nuestras responsabilidades. En buena lógica, debería ser de aplicación la evidencia de que los criterios antes enunciados no se merman por el hecho de que quien los tiene decida someterse en un proceso electoral democrático a la valoración de sus conciudadanos. Bien está que no se premie a alguien en razón de su representación social, pero no es entendible que se le castigue. Lamentable parece que sea éste uno de los pocos asuntos en el que se han puesto de acuerdo los dos partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados.

Para evitar malos entendidos: a ningún órgano de gobierno de caja de ahorros pertenezco.

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